"No tengo palabras para
describir lo que ha ocurrido en Santiago, ya que de nuevo se da el triste
caso de una matanza de indígenas a manos, aparentemente, de soldados que
han disparado en contra de cientos de personas, entre ellos varios niños",
declaró el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Ramiro de
León Carpio.
En el incidente, ocurrido en la madrugada del pasado domingo, resultaron
heridos de bala 20 campesinos más, puntualizó De León Carpio, quien realizó
una intensa actividad mediadora para impedir que cerca de 15.000 enardecidos
vecinos intentaran atacar con piedras y machetes el destacamento militar
de Santiago Atitlán.
Detención ilegal
Los sucesos comenzaron cuando un grupo de hombres, a quienes la población
señala como vinculados al Ejército, intentó detener ilegalmente a un vecino
de la localidad, acción que fue impedida por los pobladores. En el forcejeo
una persona resultó herida de bala. Como consecuencia de esta acción,
un grupo de más de 3.000 vecinos, convocados por toques de campanas, se
dirigieron hacia el destacamento militar, situado a unos cuatro kilómetros
de la población, para exigir el esclarecimiento del incidente y el castigo
a los culpables.
Según el procurador, los vecinos aseguran que su marcha era pacífica y
sin armas, hasta el punto de que llevaban improvisadas banderas blancas.
El nerviosismo que prima entre los soldados, destacados en una zona de
intensa actividad guerrillera, hizo que los militares abrieran fuego contra
la multitud.
Enrique Rodiles, jefe de los bomberos de Sololá, localidad vecina, afirmó:
"Esto ha sido una matanza, porque ninguno de los indígenas estaba armado",
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y añadió que el número
de muertos podría ser más elevado de lo apuntado, ya que hay numerosas
personas desaparecidas y existen testimonios de que "varios muertos fueron
escondidos por los soldados".
El Ejército, a través de un portavoz, dio la cifra de 10 muertos en "el
incidente trágico y lamentable", y agregó que no disponía de detalles
de los hechos, por lo que estaba a la espera del resultado de la investigación.
Petición al presidente
A lo largo de la mañana del domingo, cerca de 15.000 vecinos, de una población
de 40.000, firmaron un documento dirigido al presidente de la República,
Vinicio Cerezo, y al ministro de Defensa exigiendo la retirada inmediata
de la guarnición militar en Santiago Atitlán y del destacamento de la
policía, acusado de múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos.
El documento pide, asimismo, una completa investigación de lo sucedido
y el castigo de los culpables de la matanza. El procurador de los derechos
humanos entregó en la mañana de ayer el documento a las autoridades competentes.
La localidad de Santiago Atitlán, en el altiplano guatemalteco, está habitada
por varios cientos de familias indígenas, que en su gran mayoría sólo
hablan la lengua maya. Este departamento cuenta con una fuerte presencia
militar y con la actuación de los grupos insurgentes Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP) y Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
En 1979 se produjo otra matanza de características similares a la del
sábado pasado, cuando el Ejército disparó contra la multitud que se dirigía
al cuartel de la localidad de Panzós, en el Quiché. Unos 120 campesinos
resultaron muertos.
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