Guatemala comenzó ayer a enfrentarse a
sus fantasmas. Dos años después de que el Gobierno y la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) sellaran la paz, los protagonistas del conflicto
se dieron cita en el teatro Miguel Ángel Asturias de la capital para recibir
el informe Guatemala, memoria del silencio. El horror descrito en 3.400
páginas. La locura de un pasado atroz, entretejido por las injusticias
de la historia propia y los intereses ajenos de la guerra fría en el tapiz
de un país de casi 11 millones de habitantes.
"En ningún país de América Latina se habían registrado tantos casos de violaciones de los derechos humanos como aquí. Según las estadísticas, Guatemala encabeza todo", según el noruego Christian Tomuschat, coordinador general de la CEH. La "extrema crueldad" con la que se perpetraron la mayoría de estos casos y la "magnitud e inhumana irracionalidad de la violencia que azotó el país no pueden ser explicadas simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes", a juicio de Tomuschat.
Acusación de genocidio
El Estado guatemalteco había encabezado tradicionalmente las listas negras de las violaciones de los derechos humanos. Ayer, sin embargo, la comisión creada por los firmantes de los acuerdos de paz, y respaldada por la ONU, lo acusó formalmente de genocidio. Como tal pueden calificarse las acciones de destrucción sistemática que el Ejército de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983 contra las comunidades indígenas de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz, en el norte del país.
El informe no identifica individualmente a los responsables (por acuerdo del Gobierno y la URNG), pero la cronología lo dice todo; la etapa corresponde al final del Gobierno del general Lucas García (1978-1982) y a todo el mandato del general golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983), que puso en marcha la política de tierra arrasada como estrategia contrainsurgente.
En esos años, los grupos mayas se convirtieron en el principal "enemigo interno" para el Ejército, que los consideraba "aliados naturales" de la guerrilla. |
Comenzó así su "aniquilamiento" en "secuencias
lógicas y coherentes". En la región maya ixil, por ejemplo, entre el 70%
y el 90% de las aldeas fueron destruidas. Las masacres se acompañaban
a menudo de toda clase de torturas y humillaciones. Los casos recogidos
por la comisión dan sobrada idea del grado de desquiciamiento: desde asesinatos
de niños golpeándolos contra las paredes hasta mutilaciones y empalamientos.
La población indígena, que constituye más de la mitad de los guatemaltecos,
fue la más afectada por la represión, pero no la única. Escudado en la
Doctrina de Seguridad Nacional y la lucha contra la guerrilla de la URNG,
el Estado, dice el informe, incluyó en el concepto de "enemigo interno"
a todos los opositores, "demócratas o no, pacifistas o guerrilleros, legales
o ilegales, comunistas o no comunistas". Entre 1962 y 1977, las víctimas
fueron sobre todo "ladinos" (blancos y mestizos): líderes campesinos y
sindicales, profesores, estudiantes y dirigentes sociales de la capital
y de las regiones del sur y del este del país. Era una represión más selectiva,
basada en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Esa
misma pauta se reproduce después de 1985.
La CEH establece que la guerra civil empezó en 1962 y se extendió hasta 1996. El conflicto dejó a lo largo de 34 años más de 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.
El informe documenta 626 matanzas: el 93% perpetradas por las Fuerzas Armadas, y el 3%, por las guerrillas. A juicio de la comisión, "esta disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos". En concreto, el informe recoge 32 matanzas de civiles (incluyendo mujeres y niños) perpetradas por la URNG entre 1981 y 1982, además de secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales de civiles y de sus propios combatientes y varios episodios de torturas.
Frente a las argumentaciones tanto del Ejército como de la URNG, que achacan los excesos a sectores descontrolados, la comisión considera que las violaciones de los derechos humanos fueron, en ambos casos, una "política institucional" cuya víctima principal fue la población civil. |